Por Miguel Ángel Morales.- 
Muchas veces se ha debatido desde múltiples ámbitos, cuando se habla de políticas de desarrollo del territorio, si existe contraposición de las ciudades con las zonas rurales, los socialistas hemos apostado siempre por propiciar un modelo de desarrollo rural que posibilitara dignificar y potenciar el mundo rural, sin olvidar las ciudades, hemos querido, siempre, buscar la igualdad en derechos de la ciudadanía sin importar donde viva.
No es hora de trazar disyuntivas, pero si comparamos el grado de bienestar, por ejemplo enRomangordo, con cualquier pueblo de similares características de Castilla León (donde gobierna el PP desde hace años), las distancias son abismales. Todo ello gracias a la apuesta por un crecimiento equitativo y a la gestión socialista en las distintas administraciones extremeñas (Junta, Diputación, Mancomunidad y Municipio) que han potenciado el desarrollo rural. Esto no implica que el PSOE contraponga campo y ciudad, sino que creemos en elequilibrio y solidaridad entre ambos para no provocar zonas de vaciamiento paulatino por falta de servicios, justo lo que pretende y ha conseguido el PP en Castilla León donde numerosos habitantes han abandonado sus pueblos para irse a las ciudades.
Ahora mismo lo que nos preocupa es el certificado de defunción del modelo rural extremeño que el PP ha emitido desde lo que llaman gobierno de Extremadura, unido al amenazante proyecto de la nueva Ley de Régimen Local, que el Gobierno de España quiere imponer y que supondría la desaparición de municipios y allí donde no desaparecieran, perderían su autonomía. Nosotros creemos en la necesidad de la reforma, pero para evitar duplicidades, para garantizar la suficiencia financiera y para seguir contribuyendo a un crecimiento sostenido de nuestra Región y de nuestro país.
La nueva Ley impulsada por el PP implicaría, según la información que filtran las paredes de Génova, un duro golpe al municipalismo, donde muchos Ayuntamientos verán cómo las Diputaciones Provinciales se harán cargo de sus competencias sin saber muy bien la razón, aunque no será difícil adivinar que el paso siguiente será la privatización de los servicios por la falta de recursos de las Diputaciones.
Tal y como resolvimos en el Comité Provincial, creemos que “la Ley del PP es una clara vía para privatizar los servicios públicos porque la Reforma contempla que las Diputaciones se queden con las competencias, pero que los servicios públicos se presten a través de empresas concesionarias, a las que van a dar garantía de negocio. Así las empresas concesionarias que presten estos servicios podrán regular los precios, sin tener ningún competidor en el mercado”.
Todos los argumentos esgrimidos por el PP son falsos. La Reforma mantiene la coexistencia de varios tipos de entidades locales junto al municipio, por tanto, no hay ninguna simplificación de estructura local que pueda producir ahorro. Y se mantiene igualmente el solapamiento competencial.
La Reforma no contiene, ni prevé la elaboración de una lista cerrada y clara que determine, de una vez por todas, las competencias de los ayuntamientos.
Lejos de responder a la reivindicación histórica del municipalismo, que las competencias ejercidas cuenten con la suficiente financiación, lo que incluye la Reforma es que las CCAA pueden decidir que un Ayuntamiento ejerza una competencia sin dotarle de la financiacióncorrespondiente.”
Por tanto, estamos seguros que la nueva Ley –que demora su promulgación por resistencias internas del PP- se contradice en todo lo que dice querer evitar. No resolverán las duplicidades de competencias porque simplemente no les interesa. Van a por el control de lo quese gestiona desde el sector público, para convertirlo en negocio, impondrán concesiones e irán limando la calidad de los servicios que después de treinta años conseguimos todos los extremeños y extremeñas.
Por tanto y obviamente, el PSOE está absolutamente en contra de este proyecto de ley que obedece al compromiso de Rajoy con los mercados de suprimir parte de la Administración Local, bajo la excusa de recortar gasto público, sin atenerse a razones objetivas y sin importarles que esto supondría una merma en los derechos de los ciudadanos, e incluso a costa de vulnerar la sacrosanta Constitución que tanto veneran para otros temas.
No hay comentarios :
Publicar un comentario